PRI impugna elección a gobernador en Sinaloa

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnó la elección de Sinaloa, en la que resultó vencedor el abanderado de Morena, Rubén Rocha, toda vez que documentó se violaron los principios constitucionales en materia de libertad de voto, equidad y certeza “que viciaron la voluntad de los electorales”.

Mediante un recurso de inconformidad, del cual tiene copia MILENIO, el PRI señaló ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que antes y durante la jornada electoral, se vivió un clima de miedo derivado de diversos hechos de violencia a lo largo del territorio estatal, que a su vez violaron el ejercicio efectivo de derecho al voto “libre de toda violencia, amañada de violencia, presión o manipulación de cualquier tipo”.

Entre los 15 actos de violencia descritos previos a las elecciones, se encuentra la privación de la libertad del secretario del organización electoral del PRI, Alberto Salas Beltrán; robo de casillas electorales del distrito 04; así como el ataque a las casas de campaña de los candidatos a las alcaldías de Los Mochis y Mazatlán.

En tanto, entre los 54 hechos que se habrían ejecutado durante las elecciones destacan el robo de paquetes electorales en distintos puntos del estado; ataques y robos de grupos armados que habrían provocado que el gobernador priista Quirino Ordaz solicitara más elementos de la Guardia Nacional, e incluso un llamado a la Secretaria de Gobernación por “intimidaciones y reportes ciudadanos”.

En este sentido, “con los actos de violencia registrados antes y durante la jornada electoral del pasado 6 de junio, se atentó en contra del marco normativo constitucional y legal, cuya tutela está directamente encaminada a la prohibición de los actos que generen presión o coacción a los electores y a garantizar el voto libre y secreto”.

Lo que a su vez provocaría la violación principio de certeza, pues “no se puede saber a ciencia cierta si los electores emitieron su sufragio libremente y sin presión o, en su defecto, si lo hicieron bajo el temor de sufrir algún daño y por tal motivo cambiar su sentido del voto, así como tampoco se tiene ciencia cierta que no se hayan violado los materiales electorales, afectando le resultado de la votación recibida en cada casilla”.

Dichos eventos que, según el PRI, incidieron en la libre voluntad de los electores, con la violación del principio de equidad, afectando el resultado de la elección, pues en las contiendas electorales los participantes no pudieron contar con una “idéntica oportunidad de obtener el voto ciudadano” al no poderse generar las condiciones para que los contendientes contaran con una oportunidad real para presentarse ante los electores, de divulgar su plataforma electoral, así como sus propuestas de gobierno.

Esto provocó que, aunque participó el 51 por ciento de la población sinaloense, resulta “imposible determinar la cantidad de personas que decidieron su voto con su libertad vulnerada ante el clima de violencia e intimidación que se presentó antes y durante la jornada electoral” pero sí existieron actos de trascendencia constitucional de la violación, que viciaron la voluntad de los electorales lo que da una “base fáctica suficiente para tener por probada la vulneración de la constitución”.

De esta forma la violación de los principios electorales de libertad de sufragio y equidad que impidió tener certeza “ sobre que, la ejecución de esos hechos violentos, siendo sistemáticos y graves, no pudieron llegar, a un número de ciudadanos en lo que se influyó inequitativamente en la orientación de su voto”.

“Debe decirse que los hechos violentos y disturbios acaecidos antes de la jornada y durante la misma, analizados de manera aislada podrían no ser suficientes para anular la elección de gobernador del estado de Sinaloa, sin embargo, analizados en el contexto general de violencia y en el clima de inseguridad que se generó, adquieren aún mayor trascendencia y relevancia, (…) con ello queda clara la grave afectación que sufrió el proceso electoral, pues no se dejó elegir libremente a la ciudadanía”, sostiene el documento.

Con información de Milenio