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García Luna insiste en su inocencia a un año de su detención en EU

A través de su abogado ha insistido en su inocencia, reiterando que no se declarará culpable, lo cual abre la posibilidad de que, en las siguientes semanas, arranquen los preparativos para llevarlo a juicio.

En un proceso jurídico aletargado por la pandemia de coronavirus, covid-19, agobiado por reveses judiciales, con sus cuentas congeladas y con la presión para que se declare culpable, el ex secretario de Seguridad Pública (SSC), Genaro García Luna, cumple un año de permanecer preso en Estados Unidos.

En la acusación de reemplazo, ingresada el 30 de julio del 2020 a la Corte Federal de distrito este de Nueva York (EDNY), se le acusa de cinco cargos: el primero es participar en una empresa criminal continua, tres más por conspirar para distribuir, poseer con la intención de distribuir y conspirar para importar cocaína —en los que se incluyó a sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, hoy prófugos de la justicia— y un último cargo por mentir a la autoridad cuando en su solicitud de naturalización negó haber cometido actos delictivos.

El arquitecto de la guerra contra el narco de Felipe Calderón fue detenido el 10 de diciembre del 2019 en Dallas, Texas. Quien en ese momento era fiscal general del EDNY, Richard Donoghue, anunció que el detenido “está acusado de aceptar millones de dólares del Cártel de Sinaloa mientras era responsable de la seguridad pública en México”.
Genaro García Luna tuvo una audiencia en Texas y en las primeras horas del 2020 fue trasladado al Centro de Detección Metropolitana de Brooklyn, donde aún se encuentra. En el EDNY ha tenido tres audiencias presenciales, y, a partir de marzo en que el covid-19 pegó con fuerza en esta ciudad, acudió de manera virtual a tres más.

Lejos de cualquier trato VIP, con García Luna la justicia ha sido implacable. Horas después de su detención, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) bloqueó 11 cuentas ligadas a él, medida que se reafirmó el 18 de enero cuando un juez negó la suspensión del bloqueo por lo que el “Ingeniero” no pudo contratar al despacho Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

También le han negado un par de veces la libertad bajo fianza. A finales de febrero ofreció un millón de dólares y la segunda ocasión, un mes después, dobló la oferta, pero en ambos casos se alegó sobre la posibilidad de que pudiera huir a México donde funcionarios o miembros del cartel de Sinaloa lo protegerían. Cesar DeCastro, su defensor pagado por el gobierno, insistió en que “la vida de García Luna se encuentra en EU y que no tendría ninguna motivación de ir a México”, y hasta ofreció entregar su pasaporte y los de miembros de su familia, pero los jueces prefirieron no arriesgar.

Lo que se ha fortalecido es su expediente con “descubrimientos” que dan cuenta de presuntos hechos delictivos del también ex director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) del 2000 al 2006. Un primer paquete de pruebas fue enviado a DeCastro el 20 de febrero, con “videos, fotografías y documentos relacionados con drogas, armas e incautaciones de dinero”.

El 12 de mayo en México, el titular de la UIF, Santiago Nieto, habló de un par de denuncias presentadas contra GGL y reveló que habían “proporcionado la información a los fiscales de Nueva York”. A finales de ese mes, el fiscal general de Brooklyn, Richard Donahue, envió al juez Brian Cogan y a Cesar DeCastro una carta en la que aseguró tener “más de 60 mil páginas de documentos” probatorios.

Más pruebas, al parecer rotundas, aparecieron el 24 de julio, cuando en el EDNY se había dado el cambio de fiscales, y ahora Seth DuCharme dirigía los esfuerzos. En este nuevo paquete, investigadores ligaron al accionar del exfuncionario mexicano a 86 kilogramos de cocaína incautada en tres distintos eventos. La primera se habría dado en Nueva York, en mayo del 2002. Una más llegó el 18 de marzo del 2007 y la tercera el 14 de julio de 2009 en Nueva Jersey, siendo ya secretario de Seguridad Pública. Con estos nuevos elementos, la fiscalía decidió armar la acusación de reemplazo por lo que dos nuevos paquetes de pruebas (29 de septiembre y 6 de noviembre) ya no tuvieron en la opinión pública el impacto de los anteriores. En el más reciente de los comunicados (4 de diciembre), la fiscalía ya calcula haber producido “más de 950 mil páginas de documentos”, así como un volumen importante de “comunicaciones interceptadas”.

No se debe pasar por alto que en la EDNY —y en manos del mismo equipo legal—, se encuentra el caso del ex policía federal Iván Reyes Arzate, detenido y acusado en enero con cargos de narcotráfico y unas horas de obtener su libertad tras de cumplir una sentencia de tres años por un caso en Illinois. Desde que fue presentado en Nueva York el 24 de enero, el fiscal Ryan Harris dijo estar confiado en que “Reyes Arzate nos proporcionara información de los supuestos sobornos que los hermanos Beltrán Leyva dieron a García Luna”.

Pese a alud de evidencias en su contra, a través de su abogado Cesar DeCastro, Genaro García Luna ha insistido en su inocencia, reiterando que no se declarará culpable, lo cual abre la posibilidad de que, en las siguientes semanas, arranquen los preparativos para llevarlo a juicio.​

Con información de Milenio

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