
Redacción | Nava, Coah.- Las tensiones hídricas alrededor de la cervecera Constellation Brands se agudizan justo cuando la región enfrenta una crisis de suministro, y el futuro 2026 pinta como un año crítico para usuarios y economías locales. Habitantes de Zaragoza han denunciado escasez en los pozos y suministro irregular, mientras que la empresa, al requerir mayor profundidad de pozo y mayor descarga de agua, ha visto sus solicitudes de permisos rotundamente rechazadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La negativa de Conagua obliga a la cervecera a reducir su consumo o producción, una medida que la propia dependencia ha impuesto como condición. En consecuencia, se vislumbra un panorama donde Constellation Brands recortará operaciones, lo que podría traducirse en despidos masivos durante el próximo año.
Las denuncias de los habitantes se acumulan: los pozos que surten a sus hogares registran decrementos importantes en su caudal, hay inconformidad por la falta de agua doméstica y se habla de comunidades enteras afectadas por la sobreextracción de acuíferos. En paralelo, la cervecera ha sido señalada históricamente por abusos hídricos en Coahuila: posee varias concesiones importantes para uso industrial subterráneo, y su presencia ha sido criticada por supuestamente estar rebasando los límites de extracción permitida, contribuyendo al agotamiento de mantos acuíferos y al deterioro del Río San Rodrigo y el Río Bravo, entre otros cuerpos de agua en la entidad.
Conagua ha frenado nuevas concesiones para industrias como la cervecera, como estrategia para contener el uso excesivo del recurso. En otras entidades, las autoridades han dejado de autorizar permisos para expandir plantas cerveceras o aumentar concesiones hídricas, obligando a las compañías a operar con los derechos existentes y sin posibilidad de ampliación.
La paradoja resulta obvia. Una industria que necesita crecer para mantener empleos y ganancias, pero que al mismo tiempo depende de un recurso cuya gestión regulada hoy le impone límites estrictos. Para la región, el riesgo no solo recae en la pérdida de fuentes de empleo, sino en la profundización del desequilibrio hídrico que ya padecen las comunidades locales.
Este conflicto coloca al tema del agua en el centro del debate regional: si una empresa con poder político y económico es obligada a reducir sus operaciones por falta de permisos, ¿qué espacio le queda a los ciudadanos y agricultores para garantizar su derecho al agua? ¿Quién defenderá el uso doméstico frente a intereses industriales?
En 2026, más que una batalla por la producción cervecera, el Estado y la sociedad deberán enfrentar un paradigma más grave: la lucha por preservar un recurso vital que, de seguir siendo manipulado sin equidad ni control, podría dejar a comunidades enteras sin agua suficiente para sobrevivir.



