Amenaza violencia elección colombiana
En un país donde han sido asesinados cinco candidatos presidenciales desde la década de los 80, los principales aspirantes a la primera vuelta electoral de Colombia han denunciado ataques en su contra que cobran credibilidad ante la situación de violencia que enfrenta la nación.
De acuerdo con el monitoreo de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), desde el 13 de marzo de 2021 -cuando inició el año electoral- al 13 de mayo de 2022, se registraron 222 víctimas de violencia política entre aspirantes a alcaldes, concejales y al Congreso, de las cuales 29 se cuentan como asesinadas.
La organización colombiana señala que se ha visto un especial incremento en los hechos fatales tan sólo entre el 13 de marzo y el 13 de mayo del año actual, tras las elecciones al Congreso, con 7 homicidios registrados en ese lapso a diferencia de los 22 reportados en todo el año previo.
Los propios aspirantes a la Presidencia han expresado temor de ser blanco de grupos criminales.
En una reciente entrevista, el izquierdista Gustavo Petro, puntero en las encuestas, dijo que el ser «el candidato alternativo al poder en Colombia» lo convierte en un objetivo antes de la primera vuelta.
A inicios de mayo, denunció un plan para atentar contra su vida del grupo criminal La Cordillera, que opera en la región cafetera del país, y canceló una gira por esa zona, lo que llevó al Gobierno a redoblar el esquema de seguridad para el candidato.
Igualmente, acusó a su rival político y segundo en las encuestas, el conservador Federico Gutiérrez, de estar aliado con el cártel Clan del Golfo.
Gutiérrez y varios líderes de su campaña también denunciaron el fin de semana amenazas de una banda criminal denominada Águilas Negras.
El conservador afirmó ser víctima de espionaje y cuestionó si Petro estaba involucrado. Además, señaló supuestas presiones del Clan del Golfo y de la guerrilla del ELN para que los habitantes de algunas regiones voten por el izquierdista.
«Vemos que existe una mayor cantidad de hechos victimizantes en departamentos como Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca, Bogotá y Cauca», explicó a REFORMA Esteban Salazar, coordinador de democracia y gobernabilidad de Pares.
«Este recrudecimiento de la violencia después de los Acuerdos de Paz (2016) está relacionado con unos leños que se dejaron prendidos, en donde no hubo una recuperación ni una presencia efectiva por parte del Estado (…) y que se ha venido matizando por la dinámica de la polarización en el país».
Aunque las tensiones con la extinta guerrilla de las FARC se redujeron tras la firma de los Acuerdos de Paz, desde entonces ha aumentado la capacidad de nuevos grupos disidentes y rearmados y cárteles de la droga para realizar acciones bélicas, que han detonado «un nuevo escenario de violencia».
«Hay unos brotes de violencia muy fuertes asociados ya no tanto a estructuras militares tan consolidadas como eran los paramilitares o las guerrillas sino más hacia unos grupos criminales muy bien articulados con cárteles de la droga», dijo a REFORMA Sebastián Londoño, analista político de la Universidad del Rosario.
Las agresiones han sido generalizadas contra toda la clase política. El informe de Pares señala que 10 por ciento de las víctimas de violencia política fueron personas afiliadas al Pacto Histórico (de Petro) y el otro 27 por ciento integrantes de los tradicionales Partido Liberal, Centro Democrático y Partido Conservador.
«(Hablamos de) una violencia política electoral de carácter generalizado (… aunque) tal vez existe una gradualidad dentro de los niveles de riesgo según las probabilidades de llegar a ser Presidentes, empezando por un mayor riesgo para Gustavo Petro y Federico Gutiérrez», abundó Salazar.
A la par de la violencia política, otros hechos también han generado miedo entre la población.
A raíz de la extradición a EU de alias «Otoniel», el líder del Clan del Golfo, los miembros del cártel anunciaron a inicios de mayo un paro armado de cinco días en 11 departamentos, que mantuvo encerrados a una docenas de municipios y comunidades.
«Este escenario del miedo refleja el fracaso de la política de seguridad (del actual Presidente Iván Duque), la ausencia de garantías de participación política, y, por supuesto, todo un escenario en el cual hay muchísima incertidumbre sobre los resultados electorales», delineó Salazar.
«Se plantea que si existe una diferencia mínima en los resultados electorales, puede que se den algunos hechos de violencia adicionales si hay una segunda vuelta presidencial hasta el 19 de junio».
En ese sentido, la tensión se concentra en las políticas de seguridad planteadas por los aspirantes para abatir la violencia.
«Hay unos candidatos como Petro que proponen una aproximación de seguridad un poco más dialogada (…) con los distintos grupos armados», señaló Londoño.
«Mientras que hay otros como Gutiérrez, que es el candidato más cercano al Gobierno actual (…), que básicamente esboza cosas muy similares de como es la política actual, una política digamos mucho más enfatizada a enfrentar militarmente a los grupos armados».
Con información de Reforma
